La reciente adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena ha generado debates sobre seguridad y militarización. Analizamos las implicaciones de esta reforma para el país.
El contexto de la creación de la Guardia Nacional
En 2019, México creó la Guardia Nacional como parte de una estrategia para combatir la creciente violencia y fortalecer la seguridad pública. Este cuerpo de seguridad, que inicialmente debía tener un mando civil, fue diseñado para enfrentar los altos niveles de criminalidad que aquejan al país. Sin embargo, tres años después, una nueva reforma ha cambiado drásticamente su estructura: la Guardia Nacional ha sido adscrita oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La decisión ha generado un amplio debate en el país. Mientras que el gobierno asegura que esta reforma fortalecerá el combate al crimen organizado, sectores de la sociedad civil y expertos en derechos humanos han manifestado preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública.
¿Qué implica la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena?
La reforma implica que la Guardia Nacional, aunque sigue siendo una institución de seguridad pública, estará bajo el control operativo y administrativo de la Sedena, es decir, del Ejército Mexicano. Con este cambio, las operaciones y el mando de la Guardia Nacional estarán alineados a la estructura militar, lo que ha levantado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la autonomía de los cuerpos de seguridad civil.
El gobierno de México ha defendido la medida argumentando que el Ejército tiene la experiencia y la disciplina necesarias para enfrentar el crimen organizado, especialmente en regiones donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Además, aseguran que la adscripción garantiza mayor coordinación y eficiencia en las operaciones.
Por otro lado, críticos de la reforma señalan que la militarización de la seguridad pública podría aumentar los casos de abusos de poder, especialmente en zonas rurales donde la presencia militar es más fuerte. También temen que se debilite el control civil sobre las fuerzas de seguridad, un principio fundamental en cualquier democracia.
¿Por qué es controversial la militarización de la seguridad pública?
México ha vivido años complejos en materia de seguridad. Desde 2006, cuando se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las Fuerzas Armadas han tenido un papel protagónico en el combate a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por no reducir significativamente los niveles de violencia y por estar asociada con graves violaciones a los derechos humanos.
La militarización de la seguridad pública no es un fenómeno nuevo en México, pero con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, se oficializa y profundiza una estrategia que ha mostrado pocos resultados en términos de paz y justicia para la ciudadanía.
¿Cómo afecta esta reforma a la seguridad en México?
El impacto real de la reforma aún está por verse, pero lo que está claro es que la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena refuerza el papel del Ejército en la vida cotidiana de los mexicanos. Si bien la promesa del gobierno es que esta medida ayudará a recuperar el control en territorios dominados por el crimen organizado, queda por resolver cómo garantizará el respeto a los derechos humanos y la autonomía de las fuerzas civiles de seguridad.
Es fundamental que esta nueva estructura garantice transparencia, supervisión civil y mecanismos de rendición de cuentas. La confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad es clave para lograr un México más seguro
¿Qué sigue para la Guardia Nacional y la Sedena?
Con la adscripción oficial, la Guardia Nacional está entrando en una nueva fase de su existencia. Es crucial que las políticas de seguridad sigan un enfoque integral que no solo dependa de la fuerza militar, sino que también contemple estrategias de prevención del delito, desarrollo social y atención a las causas de la violencia. Además, la supervisión civil sobre las fuerzas de seguridad debe mantenerse como una prioridad para evitar el abuso de poder.
El papel de la Sedena, que ahora está a cargo de esta nueva fuerza, también será evaluado en los próximos años. México enfrenta el desafío de equilibrar la lucha contra el crimen organizado con el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles.
Con información La Verdad Noticias
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