San Luis Potosí, S.L.P. (El Portal). – El Alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, expresó su respaldo a la decisión de derogar la denominada “Ley Serrano”, al afirmar que representa un paso importante para garantizar la libertad de expresión y corregir una disposición que, a su juicio, afectaba principios democráticos.
El alcalde sostuvo que, además de eliminar la legislación, es necesario atender la situación de las personas que enfrentaron procedimientos penales derivados de su aplicación, entre ellas comunicadores y creadores de contenido. Consideró que, al desaparecer el tipo penal, también deberían quedar sin efectos los procesos iniciados con base en esa norma.
Galindo Ceballos explicó que, desde la perspectiva jurídica, quienes fueron sujetos a investigaciones o procesos podrían incluso solicitar una reparación por las afectaciones ocasionadas durante la vigencia de la ley.
Asimismo, señaló que la regulación representaba un retroceso en materia de derechos humanos, ya que trasladaba al ámbito penal asuntos que, en su opinión, deben resolverse por la vía civil o administrativa, incluso cuando se relacionan con el uso de herramientas de inteligencia artificial.
En cuanto a la elaboración de una nueva legislación, el edil indicó que el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la vida privada ha sido un tema de discusión desde hace muchos años, por lo que cualquier reforma deberá construirse con pleno respeto a los derechos fundamentales.
El presidente municipal también cuestionó el desempeño de la mayoría legislativa en el Congreso del Estado, al considerar que ha aprobado reformas que posteriormente han sido objeto de controversias por posibles problemas de constitucionalidad. Recordó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene diversos recursos legales contra disposiciones que, aseguró, invaden atribuciones municipales.
Finalmente, afirmó que el Congreso dejó pasar la oportunidad de atender las propuestas ciudadanas para modificar la “Ley Serrano” desde un principio y consideró que la decisión de derogarla confirma que existían argumentos suficientes para replantear esa legislación.
MAVDL.
