San Luis Potosí, S.L.P. – Colectivos y litigantes han advertido sobre el rezago que enfrenta el sistema de justicia familiar en San Luis Potosí, una situación que puede prolongar la resolución de casos relacionados con la custodia, convivencia y otros asuntos que involucran directamente a niñas, niños y adolescentes.
La diputada local Jessica Gabriela López Torres reconoció que los tiempos de resolución se han extendido debido, entre otros factores, a la falta de personal y a los retrasos que se presentan en procesos como las notificaciones y diversas actuaciones judiciales.
Explicó que en los procedimientos donde está en juego la custodia o el régimen de convivencia de un menor, una audiencia que debe ser diferida o una notificación que no se realiza oportunamente puede representar meses adicionales de espera para definir su situación jurídica.
Cientos de asuntos en los juzgados familiares
De acuerdo con los datos del Poder Judicial referidos por la legisladora, los seis juzgados familiares de la capital potosina acumulan 468 demandas en el reporte correspondiente a 2026.
Del total señalado, 284 corresponden a asuntos de tramitación especial y 145 a controversias familiares, lo que refleja la carga de trabajo que enfrentan estos órganos jurisdiccionales.
López Torres señaló que uno de los principales puntos críticos se encuentra en las diligencias realizadas por los actuarios, debido a que en algunos casos las notificaciones no pueden concretarse porque no se localiza a las partes involucradas o por la propia sobrecarga laboral.
Piden reforzar personal y presupuesto
Ante este escenario, la legisladora hizo un llamado a los tres poderes del Estado para trabajar de manera coordinada en la revisión de los recursos destinados al sistema de justicia familiar.
Planteó la necesidad de fortalecer las áreas que presentan mayor carga de trabajo mediante la incorporación de personal y mejores condiciones operativas.
El objetivo, señaló, debe ser reducir los tiempos de espera y garantizar que los procedimientos familiares se resuelvan de manera oportuna, particularmente cuando están involucrados menores de edad.
La diputada enfatizó que cualquier medida en esta materia debe considerar como prioridad el interés superior de niñas, niños y adolescentes, debido a que las demoras en los procesos pueden prolongar situaciones de incertidumbre para las familias involucradas.
Lucía López/Redacción.
