El diputado del Partido Verde Ecologista, Luis Felipe Castro Barrón, cuestionó la propuesta para ampliar las facultades del Comité de Orientación y Atención Ciudadana del Congreso de San Luis Potosí, al advertir que el Legislativo no podría tener facultades para exigir respuestas a otras autoridades.
Advierten sobre límites entre poderes
“Nuestro estado partícipe de una Federación, de una República, cuyo sustento del gobierno tiene la división de poderes y el equilibrio de fuerzas, pues no podríamos como Congreso tener esa facultad de exigir respuestas concretas”, apuntó.
La propuesta plantea que el comité dé seguimiento y monitoreo a las quejas canalizadas, solicite informes sobre su estado, utilice herramientas tecnológicas y publique un diagnóstico anual sobre las causas de las quejas y las autoridades con menor índice de respuesta.
Derecho de petición ya está regulado
Castro Barrón sostuvo que el derecho de petición ya está regulado por la Constitución y por la ley, por lo que las nuevas facultades tendrían que analizarse dentro de las comisiones antes de determinar si pueden incorporarse al marco legal.
Propone integrar ciudadanos al Comité Estatal de Transparencia
En otro tema, además de cuestionar las nuevas facultades planteadas para el Comité de Orientación y Atención Ciudadana, Castro Barrón propuso que ciudadanos puedan integrarse al Comité Estatal de Transparencia.
El legislador explicó que actualmente participan las unidades relacionadas con el acceso a la información de distintos poderes y organismos, por lo que consideró necesario analizar la inclusión de ciudadanos dentro de este esquema.
“Una de las propuestas que estoy haciendo es que se incluya también ciudadanos dentro de este comité”, afirmó Castro Barrón, al señalar que posteriormente se verá cómo procede el planteamiento sobre la mesa.
Comisión de Transparencia deberá continuar funciones hasta su desaparición
Sobre la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en febrero de 2026, aclaró que el organismo tiene que seguir funcionando “hasta el último minuto de su desaparición”, atendiendo las solicitudes y manteniendo activa la Plataforma Estatal de Transparencia.
Lucía López/Redacción
