(El Portal).-La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que el proceso de extradición relacionado con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra aún en una etapa preliminar, debido a la falta de una solicitud formal por parte de autoridades de Estados Unidos.
Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que hasta el momento únicamente se ha recibido una petición de detención provisional con fines de extradición, la cual difiere significativamente de una solicitud formal.
Alcalde Luján detalló que, conforme al tratado bilateral entre México y Estados Unidos, una solicitud formal de extradición debe incluir cargos específicos, pruebas, una orden de aprehensión y otros elementos jurídicos completos. En contraste, la detención provisional se aplica en casos urgentes, cuando existe riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia.
Sin embargo, señaló que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presentó pruebas suficientes para justificar dicha urgencia. “No se aportaron elementos que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso”, afirmó.
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Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional al gobierno estadounidense, luego de que la Fiscalía General de la República considerara insuficientes los datos presentados.
La consejera precisó que, en caso de que se acrediten las condiciones de urgencia, la Fiscalía podría acudir ante un juez de control para solicitar la detención provisional. De aprobarse, se abriría un plazo de 60 días para que el país solicitante presente la solicitud formal de extradición.
Subrayó que la decisión final no corresponde ni a la Fiscalía ni a la Cancillería, sino a un juez de control, quien evaluará los elementos probatorios.
Finalmente, Alcalde Luján cuestionó la difusión pública del caso, al señalar que este tipo de procesos deben manejarse con confidencialidad para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Advirtió que la filtración de información ha generado un “linchamiento mediático”, sin que exista un pronunciamiento oficial sobre la culpabilidad o la procedencia de la solicitud por parte de las autoridades mexicanas.
Redacción
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