El INE interfiere en la reforma judicial al redefinir circuitos y competencias. ¿Se vulnera la Constitución o es un intento por salvar un proceso fallido?
Un proceso marcado por el desorden y la controversia
A lo largo de los últimos meses, la reforma judicial en México ha sido objeto de fuertes críticas y controversias. El proceso, que busca cambiar la forma en que se eligen los jueces y magistrados, ha estado plagado de errores, irregularidades y decisiones arbitrarias que han puesto en entredicho la imparcialidad del proceso.
El más reciente episodio de este bochornoso espectáculo se dio el pasado 22 de enero, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que modifica la estructura de la elección de jueces del Poder Judicial. Este acuerdo es una grave violación a la Constitución y las leyes, pues otorga al INE atribuciones que, por derecho, pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El INE y su intromisión en el Poder Judicial
De acuerdo con la Constitución, los jueces y magistrados deben ser elegidos por circuito judicial, una tarea que corresponde exclusivamente al CJF. Sin embargo, el INE ha intervenido directamente en la delimitación de los circuitos, ignorando el marco legal y generando un nuevo criterio denominado «distribución de especialidades».
¿Qué significa esto?
El INE se atribuyó la facultad de decidir cuántos tribunales especializados habrá en cada circuito judicial, desplazando al CJF en esta función.
¿Por qué es grave?
La organización electoral no tiene competencia para definir la estructura del Poder Judicial. Esto representa una violación a la independencia del sistema judicial y sienta un precedente peligroso de injerencia política en la administración de justicia.
Creación de circuitos judiciales: una decisión unilateral
Uno de los puntos más alarmantes del acuerdo del INE es la creación de 28 nuevos circuitos judiciales.
¿Cómo afecta esto al sistema judicial?
El CJF tradicionalmente establece la delimitación de circuitos con base en criterios de carga de trabajo y disponibilidad de recursos. Sin embargo, el INE ha modificado la geografía judicial para alinearla con sus propias divisiones electorales, sin tomar en cuenta la estructura operativa del Poder Judicial.
¿Qué implicaciones tiene?
Esta decisión puede generar desequilibrios en la administración de justicia, al modificar la distribución de jueces y magistrados sin considerar la carga real de trabajo de cada circuito.
Los “distritos judiciales electorales”: otra irregularidad del INE
Otro aspecto preocupante es la creación de «distritos judiciales electorales», una figura inexistente en la ley.
¿Qué hizo el INE?
Decidió que en 17 estados los jueces se elegirán por circuito judicial, mientras que en el resto se aplicarán divisiones geográficas arbitrarias establecidas por el propio INE.
¿Por qué es un problema?
Este tipo de cambios no tienen sustento legal y podrían afectar la legitimidad de la elección, ya que los criterios utilizados no provienen del CJF ni del marco constitucional.
¿Un intento por salvar una reforma fallida?
Ante las críticas, algunos defensores del INE argumentan que estas medidas buscan salvar un proceso electoral que, de otra manera, no podría llevarse a cabo. Sin embargo, esta justificación es preocupante, ya que refuerza la idea de que la reforma judicial ha sido un proyecto improvisado, lleno de excepciones y parches para justificar su existencia.
La elección judicial ha sido impuesta sin un marco claro y sin la solidez jurídica necesaria para garantizar su éxito. Más que un proceso transparente, ha parecido un capricho presidencialista, con decisiones tomadas sobre la marcha para corregir errores evidentes en su concepción y ejecución.
Las consecuencias de la intromisión del INE en la reforma judicial
Las decisiones tomadas por el INE podrían generar serios conflictos legales y políticos en el futuro. Algunas de las principales consecuencias son:
- Posibles impugnaciones legales por violación a la Constitución y las leyes electorales.
- Pérdida de credibilidad del proceso electoral judicial, al estar basado en modificaciones arbitrarias.
- Riesgo de politización del Poder Judicial, al permitir que una institución electoral defina su estructura.
- Desgaste institucional, ya que el INE se enfrenta a crecientes cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Un proceso lleno de irregularidades
La reforma judicial, que en teoría buscaba fortalecer la democracia y la independencia del Poder Judicial, ha terminado por convertirse en una muestra más de improvisación y arbitrariedad.
El INE ha violado la Constitución y las leyes al atribuirse funciones que no le corresponden, lo que pone en duda la validez y legitimidad de la elección judicial.
Si este proceso sigue adelante sin correcciones, el sistema de justicia en México corre el riesgo de quedar completamente subordinado a intereses políticos, perdiendo la independencia que es fundamental para el Estado de derecho.El país necesita reformas bien planeadas, no decisiones apresuradas que generan más dudas que certezas.
Con información La Verdad Noticias
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